Evaluación reprueba trabajo legislativo en SLP

La valoración de Congreso Calificado arrojó un calificación reprobatoria para los 27 legisladores potosinos.

Los resultados de la evaluación dada a conocer de forma reciente abarcan hasta el 14 de diciembre del presente año, y no incluyen la reincorporación de los legisladores Óscar Bautista del PRI y Guadalupe Torres del PRD, quienes habían solicitado licencia por el escándalo de la “ecuación corrupta”.

Los resultados valoración ubican  en los tres últimos lugares al diputado Jesús Quintero Díaz (PRI) con -0.065 puntos; Juan Alejandro Méndez Zavala (PRD) con -0.013 puntos    y Jorge Luis Miranda Torres (PAN) con 0.118 puntos.

Al darse a conocer los resultados de la evaluación de CONGRESO CALIFICADO a nivel nacional (comparativa entre los 32 congresos locales), el de San Luis Potosí presumió a través de un boletín de prensa que era “el que tenía el mayor número de iniciativas y de intervenciones en tribuna”.

Cabe hacer mención que estos datos no son positivos por sí mismos y que solo pueden considerarse como positivos en la medida que las iniciativas son de calidad y se dictaminan en tiempo y forma; y si las intervenciones en tribuna elevan el nivel de debate y comprensión de los asuntos parlamentarios. Queda claro que en el caso potosino: se han presentado una gran cantidad de iniciativas insustanciales, plagiadas y otras tantas sin factibilidad social o jurídica.

Otro efecto negativo de ese fenómeno de “iniciativitis” es el enorme rezago legislativo que produce. Hasta el 14 de diciembre de 2017, se habían presentado un total de 1301 iniciativas, de las cuales, 805 permanecen pendientes de ser dictaminadas, para un indicador de eficacia parlamentaria de apenas 38%.

Una situación grave que persiste es que en la página del Congreso potosino solo aparecen con declaratoria de caducidad 9 iniciativas, pero aplicando lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, encontramos que en realidad han caducado 203 iniciativas (este criterio aplicamos para la evaluación), lo cual significa que la Directiva incumple ejercer sus atribuciones y que la aplicación de su propia legislación orgánica es discrecional.

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